El trabajo en Chile tiene una estructura doble: por un lado, existe un sector formal que cuenta con protección social, contratos y regulaciones; por el otro, hay una amplia cantidad de trabajadores informales que se desempeñan fuera del ámbito laboral tradicional. Este artículo analiza definiciones, dimensiones, tendencias recientes, sectores impactados, características sociodemográficas, efectos económicos y sociales, respuestas políticas y sugerencias para avanzar hacia una formalización inclusiva.
Descripción y tipos de empleo informal
El trabajo informal abarca diversas situaciones: trabajadores por cuenta propia sin registro o seguridad social, empleados remunerados sin contrato o sin cotizaciones, labores domésticas no reguladas, comerciantes callejeros, y actividades en plataformas digitales que no reconocen vínculo laboral. La medición oficial suele basarse en la ausencia de cotizaciones previsionales y de salud o en la falta de contrato laboral formal; sin embargo, estas cifras no capturan por completo precariedades como jornadas irregulares, falta de contratos escritos o sub-declaración de ingresos.
Alcance y cambios recientes
Aunque la magnitud específica varía con la metodología, estudios y estadísticas oficiales indican que la tasa de informalidad en Chile abarca un rango significativo (por ejemplo, entre una cuarta parte y un tercio del empleo total en años recientes). Durante la pandemia de COVID-19, se notó un incremento temporal en las actividades informales debido a la pérdida de empleos formales y el cierre de negocios; en el proceso de recuperación económica, una porción de ese empleo regresó a la formalidad, pero persisten áreas de informalidad estructural. La tasa de desempleo tradicional tuvo fluctuaciones en los últimos años debido a efectos cíclicos y de demanda, pero la inestabilidad laboral (contratos temporales, subempleo, escasa protección) sigue afectando a un amplio segmento de la población trabajadora.
Sectores con mayor incidencia
– Agricultura y trabajo rural: alta incidencia de empleo sin cotizaciones, jornaleros y trabajo estacional.- Construcción: combinación de empresas formales y subcontratación que genera empleo precario.- Comercio informal y venta ambulante: mercados, ferias libres, vendedores callejeros; importante presencia en zonas urbanas.- Servicios domésticos: gran proporción de trabajadores sin contrato ni acceso a seguridad social.- Economía de plataformas: repartidores, taxistas y trabajadores de delivery que operan bajo modelos de contratación independiente o boletas de honorarios, con escasa cobertura social.- Micro y pequeñas empresas: muchas operan en la economía informal por costes de formalización y carga tributaria percibida.
Características demográficas y regionales
– Jóvenes: tienen más posibilidades de trabajar en empleos eventuales e informales, sobre todo al comenzar su carrera profesional.
– Mujeres: enfrentan mayor inestabilidad en áreas como el empleo doméstico y las ventas informales; la responsabilidad de cuidados no pagados incrementa su vulnerabilidad.
– Migrantes: en particular, aquellos que han arribado en oleadas recientes (como la migración de Venezuela y de otras naciones), se ven con frecuencia en empleos informales debido a las barreras para el reconocimiento de títulos, documentos y redes.
– Áreas rurales y periferias de ciudades: presentan mayores índices de informalidad comparados con las zonas urbanas establecidas; hay variaciones regionales relacionadas con la estructura productiva local y la disponibilidad de trabajos formales.
Consecuencias económicas y sociales del trabajo no registrado
– Ingresos y pobreza: el empleo informal suele asociarse a remuneraciones inferiores y mayor inestabilidad, elevando el riesgo de pobreza laboral. Diversos estudios muestran que, en promedio, trabajadores informales perciben ingresos significativamente menores que sus pares formales, y enfrentan mayor volatilidad de ingresos. – Protección social: falta de cotizaciones previsionales y de salud implica mayor vulnerabilidad ante enfermedad, accidente, desempleo y vejez. – Productividad y formalización: empresas informales suelen tener menor acceso a crédito, capacitación y mercados formales, lo que limita su crecimiento y la productividad agregada. – Estado fiscal y cumplimiento: la informalidad reduce la base tributaria y complica la redistribución vía impuestos y transferencias, además de generar competencia desleal frente a negocios formales.
Impacto de la pandemia y recuperación en el empleo
La pandemia aceleró el uso de plataformas digitales y aumentó los servicios de entrega y reparto a domicilio, muchos de ellos en condiciones no reguladas. Las acciones de emergencia adoptadas —como subsidios al empleo temporal, asistencia directa a familias y programas de protección laboral— mitigaron la pérdida de ingresos, pero también destacaron desigualdades: muchas de estas medidas apuntaban a trabajadores con empleo formal (por ejemplo, beneficios asociados al seguro de desempleo) y excluyeron a aquellos sin contribuciones. La posterior recuperación fue desigual: algunos sectores recuperaron empleos formales, mientras que creció un «nicho estructural» de trabajos independientes y microempresas con baja formalización.
Reformas significativas y acciones públicas
– Fiscalización laboral: la Dirección del Trabajo ha fortalecido acciones de fiscalización para detectar vulneraciones, pero la capacidad y cobertura son limitadas frente a la dispersión del empleo informal. – Reformas a la regulación de independientes: en años recientes se han discutido y adoptado medidas para incorporar a trabajadores independientes a sistemas previsionales y de salud, y para simplificar obligaciones tributarias. – Programas de formalización y emprendimiento: subsidios, capacitación y simplificación de trámites para microempresas buscan reducir costos de ingreso a la formalidad. – Políticas municipales: ordenanzas y programas locales (por ejemplo, regularización de ferias libres, otorgamiento de permisos) que buscan articular derechos de vendedores ambulantes y gestión del espacio público. – Debates sobre plataformas: ha crecido la discusión sobre la responsabilidad de las plataformas en cotizaciones y protección laboral, con propuestas que van desde contratos colectivos hasta cotizaciones obligatorias o acuerdos tripartitos entre empresas, trabajadores y Estado.
Ejemplos demostrativos
– Repartidores de apps: trabajadores de delivery en grandes ciudades como Santiago suelen operar como contratistas independientes, emitiendo boletas de honorarios. Aunque la flexibilidad es apreciada por algunos, la ausencia de cotizaciones, la exposición a riesgos viales y la falta de mecanismos de negociación colectiva generan condiciones laborales precarias. En respuesta, asociaciones de riders han impulsado demandas colectivas y campañas de visibilidad para exigir mejores condiciones y mecanismos de protección. – Vendedores de ferias y mercados: un comerciante ambulante en Persa Bio-Bío o una vendedora de feria libre en La Vega comparten desafíos: acceso limitado a crédito formal, ausencia de facturación electrónica, y tensión con ordenanzas municipales. Programas municipales exitosos han combinado capacitación empresarial, microcréditos y la formalización de puestos para reducir la informalidad sin desplazar livelihoods. – Migrantes y economía informal: migrantes con títulos no reconocidos ocupan puestos en peluquerías, construcción o comercio ambulante. Iniciativas de ONG y municipios que articulan reconocimiento de competencias, capacitación en idioma y regularización documental han mostrado mejores resultados que solo medidas represivas.
Principales desafíos estructurales
– Costos y trámites de formalización: la percepción de que formalizar es caro y complejo desalienta la transición. – Cobertura insuficiente de protección social para formas laborales atípicas. – Dificultad de fiscalización en actividades dispersas y en plataformas digitales. – Brechas de género y migración que demandan políticas diferenciadas. – Falta de incentivos efectivos para pequeñas unidades económicas para invertir en formalidad.
Políticas y lineamientos para avanzar
– Diseñar incentivos temporales y focalizados: subsidios a la contratación formal en micro y pequeñas empresas, y reducción gradual de cargas iniciales para nuevas firmas. – Integrar a trabajadores de plataformas: establecer mecanismos de cotización obligatoria adaptados al ingreso variable, con aportes compartidos entre trabajador, plataforma y Estado para periodos iniciales. – Simplificar trámites y digitalizar procesos: facturación electrónica accesible, ventanillas únicas municipales y asesoría para formalización. – Fortalecer protección social universal: mecanismos de protección mínima (seguro de salud, ingreso de emergencia) desvinculados estrictamente del estatus formal, combinados con incentivos para cotizar. – Formación y productividad: programas de capacitación técnica, contabilidad básica y acceso a mercados y crédito para microempresas. – Enfoque territorial y de género: políticas adaptadas a realidades locales (ruralidad, sectores exportadores) y medidas específicas para mujeres y migrantes, incluyendo reconocimiento de trabajos de cuidado y facilidades para conciliación. – Promover formas colectivas: cooperativas de trabajo y asociaciones que permitan escala, negociación y acceso a servicios.
El empleo informal en Chile es un fenómeno con múltiples aspectos: mezcla factores históricos del mercado laboral con evoluciones recientes en tecnología, migración y estructura productiva. Aunque formalizar el empleo es conveniente por sus impactos en ingresos, seguridad y eficiencia, el cambio necesita políticas coordinadas que disminuyan los costos de acceder a trabajos formales, extiendan la seguridad social para trabajos no convencionales y impulsen la eficiencia de micro y pequeñas empresas. Tratar la informalidad requiere verla no solo como un fallo regulatorio, sino como una táctica de supervivencia y negocio para millones; por ello, las soluciones deben equilibrar incentivos, seguridad y oportunidades reales de crecimiento, con atención a género, edad y migración. De esta manera se logrará avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo, equitativo y productivo, donde la formalización sea una opción accesible y ventajosa para empleados y empresas.
