El Gobierno chileno dio un paso firme en su compromiso con los derechos humanos al firmar el decreto que da inicio formal al proceso de expropiación de terrenos pertenecientes a la ex Colonia Dignidad. La medida tiene como propósito transformar parte de ese enclave, vinculado históricamente a graves violaciones de derechos humanos, en un sitio de memoria destinado a preservar la verdad y honrar a las víctimas del terrorismo de Estado.
El anuncio fue realizado por autoridades de los ministerios de Bienes Nacionales, Justicia y Vivienda, quienes coincidieron en destacar la importancia histórica y simbólica de esta acción. Se trata de un total de 116,8 hectáreas, actualmente dentro del territorio conocido como Villa Baviera, que serán recuperadas por el Estado para garantizar un uso público orientado a la reflexión y educación en materia de memoria histórica.
Las áreas a expropiar incluyen instalaciones clave en las que se desarrollaron actos de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet, como la casa de Paul Schäfer, el hospital, el edificio de administración, fosas comunes y otras estructuras vinculadas a prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y encubrimiento.
Con este decreto se comienza una sucesión de fases técnicas que engloban la valoración de las tierras, la compensación a los dueños actuales y la oficialización de la transferencia al Estado. Finalizado el proceso, las autoridades tienen la intención de establecer un recinto de acceso público que incluya centros de documentación, áreas de homenaje y programas educativos enfocados en fomentar la memoria y los derechos humanos.
La expropiación ocurre en un contexto de largo debate nacional en torno al destino de la ex Colonia Dignidad. Fundada en 1961 por inmigrantes alemanes encabezados por Paul Schäfer, el enclave operó durante décadas como una comunidad cerrada, caracterizada por el adoctrinamiento, el abuso sistemático de menores y su colaboración directa con organismos represivos del régimen militar. La zona funcionó como centro de detención clandestina y tortura, y por años fue símbolo de impunidad y silencio.
El proceso de conversión en sitio de memoria no está exento de tensiones. Algunos de los actuales residentes de Villa Baviera han expresado preocupación por no haber sido debidamente informados y por el posible impacto que la medida pueda tener en sus viviendas y actividades cotidianas. No obstante, el Gobierno aseguró que la expropiación se limitará exclusivamente a terrenos e instalaciones relevantes para los fines memoriales, y que se respetarán los derechos de quienes residen allí legalmente.
Desde diversos ámbitos de la sociedad civil, en particular asociaciones de víctimas y entidades de derechos humanos, la resolución fue acogida positivamente. Opinan que es una medida esencial para poner fin a un periodo de impunidad y para garantizar que las futuras generaciones sean conscientes de las atrocidades ocurridas en ese sitio. Enfatizan que el recuerdo no debe ser supeditado a intereses comerciales o turísticos, sino que debe mantenerse como un instrumento para la construcción democrática.
El Gobierno, por su parte, ha ratificado su compromiso de completar el proceso antes del final del actual mandato presidencial, en marzo de 2026. Para ello, se contará con recursos estatales y cooperación de organismos técnicos que garantizarán la correcta ejecución del proyecto.
La iniciativa se enmarca dentro de una política más amplia de recuperación y resignificación de espacios marcados por la violencia estatal, con el objetivo de consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, promover la justicia y asegurar garantías de no repetición.
La expropiación de parte de la ex Colonia Dignidad representa, así, un avance concreto en la tarea de restituir dignidad a las víctimas, abrir espacios para la verdad y reafirmar el compromiso del Estado con la memoria histórica y la justicia.
