Los humedales urbanos constituyen ecosistemas esenciales para las ciudades chilenas, ya que regulan el ciclo del agua, atenúan crecidas, favorecen la recarga de acuíferos, capturan carbono y resguardan una biodiversidad significativa que incluye aves migratorias. También aportan beneficios sociales como áreas para la recreación, la educación ambiental y la mejora del bienestar urbano. Su presencia dentro o en los límites urbanos los deja especialmente vulnerables frente a la expansión inmobiliaria, los rellenos, el drenaje y la pérdida de continuidad del hábitat.
Marco legal para la protección de humedales urbanos
La protección se sustenta en diversos mecanismos jurídicos y administrativos, entre los que sobresalen:
- Ley 21.202 de Humedales Urbanos: promulgada en 2020, permite que el Ministerio del Medio Ambiente declare oficialmente humedales urbanos a solicitud de los municipios o de oficio. Esta declaratoria obliga a considerar su protección en los instrumentos de planificación territorial.
- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: proyectos inmobiliarios que puedan afectar humedales deben someterse a evaluación ambiental, presentando estudios o declaraciones que analicen impactos y medidas de mitigación.
- Planes Reguladores Comunales: una vez declarado un humedal urbano, los municipios deben incorporarlo en su planificación, estableciendo zonas de protección, restricciones de uso de suelo y normas de edificación.
- Fiscalización ambiental: la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales pueden sancionar intervenciones ilegales, ordenar restauraciones y detener obras.
Papel de los municipios y las administraciones locales
Los municipios son actores centrales. Tienen la facultad de solicitar la declaratoria de humedales urbanos, dictar ordenanzas municipales específicas y liderar procesos de conservación. En ciudades como Valdivia, la protección del Humedal Angachilla se fortaleció mediante ordenanzas locales y programas de educación comunitaria. En Concepción, el Humedal Paicaví fue incorporado en el debate urbano para frenar rellenos asociados a proyectos habitacionales.
Ejemplos destacados que ilustran el impacto de la presión inmobiliaria
Existen experiencias que muestran avances y tensiones:
- Humedal Batuco (Región Metropolitana): ubicado entre Lampa y Colina, ha enfrentado múltiples proyectos inmobiliarios. La presión ciudadana y los procesos administrativos han permitido establecer mayores exigencias ambientales y protección de áreas sensibles.
- Humedal El Culebrón (Coquimbo): amenazado por urbanización y basurales, fue reconocido como humedal urbano, lo que obligó a redefinir proyectos y fortalecer su resguardo.
- Humedales de Valdivia: la ciudad ha integrado estos ecosistemas a su identidad urbana, limitando edificaciones y promoviendo corredores ecológicos.
Involucramiento comunitario y entidades sociales
La protección no depende solo del Estado. Organizaciones vecinales, científicas y ambientales han sido decisivas para denunciar rellenos ilegales, aportar información técnica y promover acciones judiciales. La participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental permite observar proyectos y exigir medidas más estrictas. En varios casos, la movilización local ha logrado detener obras o modificar diseños inmobiliarios.
Desafíos persistentes y mejoras necesarias
A pesar de los avances, aún se mantienen diversos obstáculos: los procesos para obtener declaratorias siguen siendo extensos, la definición de humedal continúa aplicándose de forma restrictiva y las presiones económicas por cambiar el uso del suelo persisten. Además, varios municipios presentan limitaciones tanto en fiscalización como en capacidades técnicas. Se han puesto sobre la mesa propuestas como lineamientos más precisos, financiamiento para impulsar la restauración ecológica y esquemas de compensación ambiental que aseguren que estos ecosistemas no sufran pérdidas netas.
Rumbo a una armonía entre la urbe y el entorno natural
La protección de los humedales urbanos en Chile se forja donde convergen la legislación, la planificación territorial y la participación de la ciudadanía. Cada declaración oficial y cada ordenanza municipal constituyen un avance para asumir que la expansión de las ciudades no puede sostenerse a costa de ecosistemas esenciales. Incorporar los humedales como infraestructura verde, con relevancia ecológica y social, abre la puerta a urbes más resilientes, en las que el desarrollo inmobiliario se ajusta a límites destinados a preservar el patrimonio natural común.
