Ucrania ha registrado las primeras protestas masivas contra el Gobierno de Volodymyr Zelensky desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Las manifestaciones, que se desarrollaron en ciudades como Kyiv, Lviv, Dnipro y Odesa, reflejan un creciente descontento popular ante la decisión del Ejecutivo de limitar la autonomía de las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La aprobación por parte del Parlamento ucraniano de una polémica reforma legal que otorga al fiscal general, nombrado por el presidente, el control de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), ha provocado una respuesta inmediata tanto a nivel nacional como internacional. Esta decisión supone una modificación significativa en la estructura institucional que Ucrania ha establecido desde la Revolución de la Dignidad en 2014, y que ha sido crucial en su proceso de acercamiento a la Unión Europea.
Inquietudes acerca del deterioro institucional
La crítica central a la reciente ley se enfoca en que afecta la autonomía operacional de las entidades que, hasta el momento, investigaban y enjuiciaban de forma independiente los casos de corrupción de alto rango. Al reunir el poder de control en el cargo del fiscal general, los detractores temen que las investigaciones sean influenciadas o incluso desestimadas por motivos políticos.
El presidente Zelensky defendió la reforma al señalar que era una respuesta necesaria para proteger las instituciones ucranianas de la supuesta infiltración de servicios de inteligencia extranjeros. Días antes de la promulgación de la ley, las autoridades allanaron una de las agencias implicadas y detuvieron a dos empleados bajo sospecha de colaborar con servicios de inteligencia rusos.
Sin embargo, estas justificaciones no han logrado calmar la creciente preocupación de amplios sectores de la sociedad ucraniana. Desde exfuncionarios gubernamentales hasta miembros del ejército que combaten en el frente oriental, las voces críticas consideran que el cambio representa una traición a los principios democráticos por los cuales los ucranianos han luchado durante la última década.
Influencia en el proceso de ingreso a la Unión Europea
Uno de los fundamentos del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea ha sido llevar a cabo políticas efectivas de apertura y responsabilidad. Las organizaciones NABU y SAPO, establecidas después de las manifestaciones de 2014, fueron diseñadas como organismos autónomos específicamente para cumplir con esta exigencia.
El tema ha generado inquietud en Bruselas, donde los encargados del proceso de expansión han señalado que cualquier reversión en temas relacionados con el Estado de derecho podría amenazar la aspiración de Ucrania a convertirse en miembro de pleno derecho. Funcionarios del bloque han subrayado que la autonomía judicial y la operación independiente de las entidades de supervisión son requisitos fundamentales para seguir adelante con las conversaciones.
En otro ámbito, tanto organizaciones internacionales como aliados importantes de Ucrania han expresado su preocupación. Ya sean organismos de supervisión anticorrupción o empresas internacionales con inversiones en la nación, la desaprobación ha sido unánime: la legislación reciente podría minar la confianza en la dedicación del Gobierno ucraniano para combatir la corrupción.
Molestia entre los residentes y las fuerzas armadas
Más allá del ámbito político e institucional, la resolución ha resonado en sectores que han apoyado al país durante períodos de conflicto. Los militares en la línea de combate han mostrado su descontento al observar cómo se erosiona el compromiso de preservar la transparencia mientras ellos ponen en riesgo sus vidas por la nación. El mensaje es evidente: la corrupción desmoraliza y debilita la cohesión social en un momento donde la unidad nacional es esencial.
Para muchos ucranianos, las reformas anticorrupción no solo son una exigencia internacional, sino una necesidad histórica tras años de prácticas institucionales cuestionadas. El recuerdo de gobiernos anteriores marcados por escándalos de corrupción sigue presente, y cualquier intento de debilitar los controles existentes es percibido como un retroceso.
Zelensky y la carga de sus compromisos
Cuando Volodymyr Zelensky asumió el liderazgo en 2019, lo hizo con un enfoque en eliminar la corrupción y reforzar el Estado de derecho. Su imagen como alguien fuera del ámbito político convencional le permitió captar el descontento del público y crear un respaldo firme.
En los años iniciales de su gestión, su gobierno fue aplaudido por promover políticas nacionales en la lucha contra la corrupción y por destituir a altos cargos involucrados en escándalos. No obstante, la reforma legislativa actual ha suscitado preocupación y ha planteado interrogantes sobre la consistencia de su plan de gobierno.
Zelensky ha prometido que las reformas buscarán resolver problemas estructurales y no afectarán la eficacia de los organismos implicados. Aun así, las declaraciones no han bastado para aplacar el creciente malestar social ni para convencer a los aliados internacionales.
Un punto decisivo para el porvenir institucional del país
El debate abierto en Ucrania por esta reforma pone de relieve la fragilidad de las instituciones en contextos de guerra y crisis prolongada. En momentos de alta tensión política y militar, las decisiones sobre la arquitectura institucional adquieren una dimensión estratégica, ya que definen el rumbo del país no solo a corto, sino también a largo plazo.
El reto para el Gobierno será evidenciar que continúa comprometido con los valores que lo llevaron al poder y que puede reaccionar ante las críticas con medidas específicas que refuercen -y no socaven- las bases democráticas del Estado ucraniano. Las siguientes semanas serán cruciales para determinar si la presión social y diplomática logra revertir una decisión que ha generado preocupación tanto en el interior como en el exterior del país.
