La situación de la salud ocupacional en Chile se enfrenta a retos complejos que requieren una atención priorizada en la siguiente legislatura. Aunque se han logrado progresos en los últimos años, todavía existen diferencias notables en la protección y el bienestar de los trabajadores, así como en la prevención de riesgos y enfermedades laborales.
El mercado de trabajo en Chile está compuesto por más de ocho millones de empleados, quienes trabajan en aproximadamente un millón de compañías, destacándose una gran cantidad de pequeñas empresas ubicadas en la capital. No obstante, la falta de formalidad en el empleo continúa siendo un desafío considerable, especialmente entre las mujeres, lo cual restringe el ingreso a los sistemas de seguridad social y a métodos eficaces para la mitigación de riesgos.
En la última década, la tasa de accidentes laborales ha experimentado una disminución notable, pero aún se registra un promedio de un fallecimiento diario relacionado con estas circunstancias. Las enfermedades profesionales reconocidas siguen siendo relativamente bajas en comparación con el universo laboral, predominando las afecciones vinculadas a la salud mental y los trastornos musculoesqueléticos, que constituyen un foco creciente de preocupación.
Uno de los grandes obstáculos para mejorar la salud laboral en Chile es la falta de datos actualizados y confiables sobre las condiciones de trabajo. La última encuesta nacional sobre riesgos laborales data de 2009, lo que limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas adecuadas y focalizadas. Asimismo, aunque la legislación en materia laboral ha avanzado, la capacidad fiscalizadora del Estado sigue siendo insuficiente para garantizar su cumplimiento efectivo, dejando espacios para irregularidades y brechas en la protección de los trabajadores.
La legislatura que viene tiene por delante el reto de mejorar el sistema regulador y reforzar los sistemas de control para garantizar un ambiente laboral digno, seguro y justo. Esto conlleva, entre otras acciones, fomentar políticas que apoyen la igualdad de género en el ámbito laboral, disminuyan la informalidad y extiendan la cobertura de los sistemas de prevención y manejo de riesgos en el trabajo.
Además, es imprescindible actualizar periódicamente la información relativa a las condiciones laborales y riesgos asociados para orientar de forma efectiva las acciones de prevención y control. La recopilación de datos confiables permitirá identificar áreas prioritarias y evaluar el impacto de las políticas implementadas, generando un ciclo de mejora continua.
La salud en el trabajo no solo es un derecho fundamental, sino un factor clave para el desarrollo sostenible y la cohesión social. En este sentido, se requiere un compromiso conjunto entre el Estado, empleadores y trabajadores para construir un entorno laboral que proteja la integridad física y mental de quienes forman parte del mercado laboral chileno.
Entre las oportunidades para avanzar en esta materia, destaca la incorporación de tecnologías para el control y supervisión de la asistencia y condiciones laborales, lo que contribuiría a mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión pública y privada. Asimismo, promover la capacitación constante y la sensibilización sobre la importancia de la salud laboral será crucial para fomentar una cultura preventiva y responsable.
En definitiva, la próxima legislatura tiene una tarea clave: desarrollar e implementar políticas públicas integrales que fortalezcan la salud y seguridad de los trabajadores, mitiguen las desigualdades existentes y promuevan un trabajo digno para todos. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado será posible construir un mercado laboral más justo, saludable y productivo en Chile.
